En apenas cinco meses de este año, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) ya registró un repunte sin precedentes en el aseguramiento de artefactos explosivos improvisados (AEI), empleados por organizaciones criminales como minas antipersonales o para ser arrojados desde drones.
De enero a mayo de este año, la Defensa aseguró 2 mil 979 de esos explosivos, una cifra que ya supera todo lo asegurado durante 2024 (2 mil 560) y casi duplica los registros de 2023 (1 mil 635), de acuerdo con cifras de la dependencia entregadas vía transparencia.
Esto significa que al día los soldados localizan un promedio de 20 AEI en sus patrullajes, principalmente en zonas dominadas por los cárteles de Sinaloa y de Jalisco Nueva Generación.
Crimen organizado, dependiente de explosivos caseros
El incremento refleja la creciente dependencia de los grupos criminales en el uso de explosivos caseros para emboscadas, bloqueos y ataques contra fuerzas de seguridad y grupos rivales, observaron fuentes militares.
También muestra, en respuesta , un despliegue militar más amplio en zonas de conflicto, donde la presencia del Estado se disputa palmo a palmo con las organizaciones delictivas.
Los datos del Ejército muestran que el fenómeno no se distribuye de manera uniforme en el país.
Tres entidades concentran la mayor parte de los hallazgos:
- Sinaloa con 993
- Michoacán con 748
- Sonora con 452
Estados en 'foco rojo'
En el caso de Sinaloa, que lidera con la cifra más alta, se confirma la intensidad de las disputas criminales en la región entre dos facciones del Cártel de Sinaloa (Chapiza y Mayiza) y la diversificación de métodos de violencia.
Mientras que Michoacán continúa como un foco rojo en la fabricación de explosivos improvisados, empleados por células criminales en zonas rurales y carreteras, donde operan grupos criminales como Los Viagras, el Cártel Jalisco Nueva Generación y Cárteles Unidos.
En Sonora, los hallazgos se dieron principalmente en la frontera norte, donde se alerta de un repunte ligado a grupos que buscan controlar rutas de trasiego hacia Estados Unidos.
Otros estados con cifras significativas son Chiapas (211), vinculado a disputas en la frontera sur; Zacatecas (118), donde los enfrentamientos entre organizaciones han dejado un reguero de violencia; y Nayarit (93), que aparece como nuevo punto de alerta.
En contraste, entidades como Baja California, Colima, Guanajuato, Hidalgo y Nuevo León reportan cifras marginales de uno a cuatro aseguramientos, mientras que en estados como Oaxaca, Puebla, Quintana Roo y Tabasco no se han registrado casos en lo que va del año.
Explosivos ponen en riesgo a comunidades enteras
Los artefactos explosivos improvisados representan una amenaza que rebasa los enfrentamientos directos. Al colocarse en caminos rurales, brechas o incluso zonas habitacionales, los dispositivos ponen en riesgo a comunidades enteras.
El Ejército ha desplegado unidades especializadas en detección y neutralización, además de incrementar la capacitación de la tropa en protocolos de seguridad.
Sin embargo, el aumento constante preocupa a especialistas, que advierten sobre una posible “normalización” de los explosivos en la guerra criminal.
De mantenerse este ritmo, 2025 cerraría con una cifra inédita que podría superar los seis mil artefactos decomisados, un nivel nunca antes visto, de acuerdo con proyecciones de fuentes de seguridad.
Para el Ejército el reto no es únicamente neutralizarlos, sino cortar de raíz las cadenas de producción y suministro que permiten que grupos armados fabriquen de manera sistemática dispositivos capaces de paralizar regiones enteras.
El mapa de los aseguramientos confirma que la violencia se concentra en entidades estratégicas, pero también advierte que el fenómeno se expande hacia territorios donde antes no se tenía registro, advirtieron las fuentes consultadas.
ROA
