El pleno del Senado avaló la reforma en materia de amparo con cambios en la redacción enviada por la Presidenta Claudia Sheinbaum, a partir de las propuestas hechas durante las audiencias públicas. Las modificaciones se hicieron con 76 votos de Morena, PT y Verde y 39 en contra de PAN, PRI y Movimiento Ciudadano.
Aunque en la reunión de comisiones el presidente de la comisión de Justicia, Javier Corral había asegurado que se eliminaba un artículo transitorio para aplicar la reforma en casos vigentes y en trámite, fue el morenista Manuel Huerta quien en la discusión en lo particular lo incluyó nuevamente. Dicha disposición fue considerada como retroactiva por la oposición que acusó, se trata de una adición inconstitucional.
“Ni duende, ni niño artillero, ni vengo a dinamitar nada”, señaló al advertir que no se trata de retroactividad: “Lo que aquí discutimos no afecta derechos adquiridos porque no modifica la esencia del amparo, sino precisa su naturaleza jurídica. Dejo en claro que no se tocan derechos colectivos ni individuales, ninguna persona pierde derechos que ya ejerce. Lo que realmente ocurre es que evita que se sigan usando amparos como un recurso para dilatar sentencias firmes, especialmente en materia fiscal”, señaló Manuel Huerta.
Aunque la oposición argumentó en contra de esta adición, la mayoría morenista y aliados la avalaron entre gritos de las bancadas del PAN, PRI y MC.
“Ya nada nos sorprende de ustedes, es increíble hasta dónde han llegado por esa ambición de poder, pero sobre todo por el miedo de protegerse, porque tienen miedo”, denunció la priista Carolina Viggiano al aclarar que la propuesta es claramente violatoria del artículo 14 de la Constitución. “Esto es una contradicción directa a nuestra Carta Magna”. Alejandra Barrales dijo que son 706 mil casos los que están vigentes y a éstos se les aplicará la retroactividad.
De acuerdo con el dictamen presentado al pleno, la reforma otorga mayor certeza jurídica, homologa plazos y garantiza un acceso efectivo a la justicia. Además, define los alcances del interés legítimo y reconoce que pueda ser individual o colectivo.
El presidente de la comisión de Justicia, Javier Corral sostuvo que no se restringe el interés legítimo, define las excusas por imposibilidad de cumplimiento, además de que incorpora la posibilidad de presentar amparos a través del uso de herramientas digitales.
“Se dijo que el interés legítimo se restringía. El dictamen demuestra ya lo contrario recoge la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y mantiene abierta la vía del amparo tanto para la sociedad civil como para la defensa de los derechos colectivos, pero con la claridad necesaria para evitar abusos o distorsiones en su uso”.
La suspensión del acto reclamado se mantiene como instrumento esencial de protección pero se establece en límites en casos sensibles como lavado de dinero, financiamiento al terrorismo, actividades sin concesión y deuda pública y se mantiene en la protección al mínimo vital, salarios, alimentos y vivienda. Se protege a la persona sin permitir que la suspensión sirva para encubrir actividades ilícitas ni lesivas para el desarrollo del país.
Sin embargo, para la oposición, con estos cambios se limitan los derechos ciudadanos.
Movimiento Ciudadano solicitó una moción suspensiva para frenar su discusión en el pleno, al acusar que se trata de una visión regresiva y lo que estaba en juego era la única arma para defenderse de los abusos del poder.
“En resumen, esta visión regresiva del amparo, que hoy podríamos decir si esto se consuma, Ley de Desamparo, no es justicia social ni pone la justicia al servicio de la gente. Es una reforma que concibe al estado como si fuera la víctima de los perversos ciudadanos”, dijo el coordinador de MC, Clemente Castañeda.
Al presentar el posicionamiento del PRI, Carolina Viggiano advirtió que “la iniciativa también abre la puerta sus proyectos arbitrarios con los que violaba la ley que se hacían sin impacto ambiental se pretende también eliminar el interés legítimo aunque dicen que suavizaron ese artículo, no lo suavizaron, lo dejaron igual. Significa que ya no será posible acudir a los tribunales para defender causas colectivas como la protección de ríos bosques o ecosistemas; es decir, van a poder los poderosos, los que quieren saquear a los pueblos indígenas los que quieren aprovechar nuestros recursos hacer lo que se les hinche la gana”.
Claudia Anaya incluso lamentó que el ministro en retiro, Arturo Zaldívar, se desdiga de todos sus postulados sobre amparo, al acotar el interés legítimo con su definición, al citar su libro “Hacia una nueva ley de amparo.
“¡No, bueno, le daba rienda suelta, se iba hasta la interpretación difusa, afectaciones, presentes, futuras, colectivas! Esa interesante bibliografía la autorizó para su tesis doctoral, yo le voy a recomendar un libro a Zaldívar para sus memorias: La involución de Zaldívar”.
La panista Mayuli Latifa Martínez acusó que con los cambios a la ley de amparo, contrario a lo que asegura Morena, “es el disfraz, es la mentira para hacer exactamente lo contrario, debilitar la única herramienta con la que cuentan los mexicanos para defenderse de los excesos de cualquier gobierno que esté en el poder”.
El senador del partido Verde, Waldo Fernández sostuvo que con la reforma de 2013 se abrió una caja de pandora que usaron los intereses particulares y el juicio de amparo “se desvirtuó y se convirtió en un instrumento del cual se aprovecharon grupos de interés en perjuicio de la sociedad y lo que nació como escudo ante los abusos de la autoridad terminó usándose como recursos dilatorio”.
Con los cambios, se establecen plazos precisos de audiencias para evitar alargar casos judiciales y desechar recusaciones que tengan como intención dilatar procesos. Respecto al Código Fiscal, se añaden supuestos de revocación para evitar reabrir litigios de manera indebida.
Se añaden cambios para evitar que se promuevan juicios sobre actos resueltos en manera definitiva o que los tribunales destines recursos de manera innecesaria.
Se precisan los medios de garantía para obtener la suspensión en juicios de amparo contra actos de cobro de créditos fiscales firmes. Únicamente podrán constituirse mediante billete de depósito emitido por institución autorizada o carta de crédito expedida por instituciones de crédito autorizadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y registradas ante el SAT.
Finalmente, se eliminan disposiciones que limitaban multas y sanciones penales a autoridades responsables de incumplir suspensiones o sentencias de amparo.
Aquí puedes ver la sesión del Senado:
✅ Con 76 votos a favor y 39 en contra, se aprueba en lo general y los artículos no reservados del dictamen que reforma la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el Código Fiscal de la Federación y la…
— Senado de México (@senadomexicano) October 2, 2025
¿De qué se trata la reforma a la Ley de Amparo?
El 15 de septiembre, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum presentó ante el Senado la iniciativa con proyecto de decreto por el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Amparo Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos del Código Fiscal de la Federación y de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
La federación sostuvo que esta reforma busca mejorar y perfeccionar el juicio de amparo, para que vuelva más ágil, sencillo y de pronta tramitación, más social y accesible a la población.
Asimismo, consolidarlo como el recurso para la defensa efectiva de los derechos humanos, así como medio de control legal y constitucional.
