La Asamblea de Colectivos de Gobiernos Autónomos Zapatistas denunció el pasado 28 de septiembre de 2025 un ataque contra la comunidad de Belén, en el Caracol de Dolores Hidalgo. Casas incendiadas, cultivos arrasados y hostigamiento armado en tierras recuperadas por el EZLN en 1994 y reconocidas oficialmente desde 1996. El hecho no es nuevo: es parte de una larga guerra de desgaste contra la autonomía zapatista.
“El 18, 20 y 22 de septiembre —relata el comunicado— se posicionaron 15 personas en el predio. El 20 de septiembre nuevamente llegan dos camionetas del Ejército federal, tres camionetas de la policía municipal de Ocosingo y cuatro camionetas de la fiscalía general del estado. Destruyeron y quemaron las casas de los encargados bases de apoyo zapatistas, robaron elotes y los que se quedaron siguen robando. Nuevamente tratamos de dialogar, pero nunca entendieron, que porque el mal gobierno formalmente ya les entregó la tierra”.
El documento zapatista concluye de esta forma: “Hermanos y hermanas del pueblo de México y del mundo, esto es lo que hay, el plan del neoliberalismo en México en contra de nosotros y nosotras. Como bien lo dijimos en el encuentro en el Semillero: hoy es Palestina, mañana seremos nosotros y nosotras”. La frase final establece un vínculo directo entre el despojo indígena en México y los procesos globales de ocupación y violencia que se están viviendo en el mundo.
Gaza, Ucrania, el Amazonas son territorios en los que la vida se vuelve inviable porque el poder económico y militar decide que sus habitantes sobran. Chiapas no es una excepción. Lo que se cierne en Belén no es la disputa de unas hectáreas: es el futuro de un modelo político que, sin partidos ni presupuestos gubernamentales, ha construido clínicas, escuelas y formas de justicia comunitaria.
El discurso oficial de la 4T presume inclusión social, redistribución económica y un supuesto reconocimiento histórico a los pueblos indígenas; sin embargo, la realidad en el sureste del país revela otra cara documentada profusamente por organismos como el Centro de Derechos Humanos Frayba: militares desplegados, proyectos extractivos en expansión y comunidades zapatistas vulnerables a agresiones paramilitares.
Ni la retórica de justicia social ni los programas clientelares del actual gobierno federal han cambiado el hecho de que las autonomías indígenas sean vistas como una anomalía política. El zapatismo, que no compite en elecciones ni pide subsidios, es un recuerdo incómodo de que la transformación puede nacer desde abajo y no desde Palacio Nacional.
¿De qué sirve un discurso progresista si los pueblos originarios siguen siendo tratados como obstáculos al desarrollo? El ataque contra las comunidades zapatistas desvela el rostro de un viejo Estado autoritario reconfigurado. Ahora el despojo se maquilla con megaproyectos “estratégicos” y promesas de crecimiento económico.
El EZLN no solo defiende un territorio: defiende una idea alternativa de vida. Una en la que la tierra no se compra ni se vende, en la que la democracia no se reduce a urnas, y en la que la dignidad no depende de programas sociales. Como dicen los zapatistas: hoy es Palestina, mañana Chiapas. Y si la sociedad mexicana permanece indiferente ante lo que sucede en Belén, mañana será también cualquier otro rincón.
